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La Fiscalía de Corea del Sur solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol en el cierre del juicio por insurrección relacionado con la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. El pedido fue presentado por un equipo especial ante el Juzgado del Distrito Central de Seúl, que prevé emitir sentencia a inicios de febrero.
Según los fiscales, Yoon habría decretado la ley marcial “con el propósito de mantenerse en el poder durante un periodo prolongado”, mediante el control de los poderes judicial y legislativo. La acusación subraya la gravedad de los hechos al considerar que se movilizaron recursos estatales destinados al interés público para fines políticos.
El exmandatario enfrenta cargos por dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de la justicia y perjurio, entre otros. Durante el proceso, Yoon negó las acusaciones y sostuvo que, como presidente, “tenía la facultad constitucional de declarar la ley marcial”, afirmando que su decisión buscaba alertar sobre supuestas “fuerzas antiestatales”.
Aunque la legislación surcoreana contempla la pena capital para este delito, el país no ha ejecutado ninguna sentencia de muerte desde 1997. Incluso si el tribunal aceptara la solicitud fiscal, el caso se inscribe en una práctica judicial marcada por décadas sin aplicar la pena máxima, como ocurrió con expresidentes condenados en los años noventa que finalmente fueron indultados.
