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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió un fallo previo que había protegido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que deja en riesgo a más de 60.000 personas. Esta decisión permite que entren en vigor las terminaciones del TPS para esos países, generando incertidumbre entre quienes dependen de la protección para residir y trabajar legalmente en EE.UU.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, señaló que el fallo “pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han cumplido con todo lo que se les ha pedido”. Palma agregó que muchos beneficiarios han vivido en Estados Unidos durante décadas y se han convertido en miembros activos de sus comunidades: “Son personas que este país reconoció como héroes durante la pandemia de covid: trabajadores de salud, cuidado infantil y otros proveedores esenciales en la primera línea. El Congreso debe actuar ahora”.
Entre los afectados está Jhony Silva, un hondureño que llegó a EE.UU. cuando era niño y trabaja como asistente de enfermería. Silva comentó tras el fallo: “No puedo soportar la idea de ser separado de mi familia. He vivido en este país desde que era un niño pequeño y aquí pertenezco. Mi hijo también”. La demanda indica que su hijo, ciudadano estadounidense con necesidades especiales, depende de él para cuidado y seguro médico.
Organizaciones defensoras del TPS, como la National Day Laborer Organizing Network y la ACLU del Norte de California, criticaron el fallo. Jessica Bansal, abogada de la NDLON, expresó: “La decisión permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país por décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación que esto causa a sus familias ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.
