La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa con el propósito de actualizar el marco legal que regula a este sector, facilitar la formalización de nuevos negocios y ampliar sus oportunidades de financiamiento y crecimiento. Con estas modificaciones se busca fortalecer a las micro y pequeñas empresas (MYPE), que representan la mayor parte del tejido productivo nacional y desempeñan un papel clave en la generación de empleo.
Durante el estudio de la propuesta, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, expuso que las MYPE representan el 99.6 % del total de empresas y el 89.5 % de los patronos formales activos en El Salvador, lo que evidencia su relevancia dentro de la economía del país. Las reformas pretenden modernizar la normativa para responder a las necesidades actuales de este sector y promover su crecimiento.
Uno de los cambios principales es la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas. Con la reforma, una microempresa será aquella que registre ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y tenga un máximo de 10 trabajadores, mientras que las pequeñas empresas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos anuales y una plantilla de hasta 50 empleados. Además, las microempresas se clasificarán en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el objetivo de diseñar políticas públicas más ajustadas a su nivel de desarrollo.
Las modificaciones también incorporan medidas para proteger a los pequeños negocios frente a retrasos en los pagos. La normativa establece que las instituciones deberán cancelar los bienes y servicios proporcionados por una MYPE en un plazo máximo de 30 días; de lo contrario, deberán asumir el pago de intereses. Asimismo, se introduce el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el fin de reducir cargas excesivas y facilitar el proceso de formalización de los emprendimientos.
Además, la reforma promueve la inclusión financiera y la coordinación institucional para impulsar el desarrollo del sector. Entre las medidas se contempla la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, coordinado por CONAMYPE, así como la instalación de Mesas Técnicas Representativas Locales en los municipios. También se impulsará que la banca estatal y el sistema financiero desarrollen productos adaptados a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, con instrumentos como garantías, fideicomisos y esquemas de financiamiento más flexibles que faciliten su acceso al crédito.
