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Foto: Asamblea Legislativa
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Especial de Migración y de Extranjería, con el objetivo de adaptar la normativa a la actual dinámica migratoria del país. La propuesta busca facilitar los procesos de residencia para inversionistas y empresarios extranjeros, en un contexto en el que El Salvador ha experimentado cambios en el flujo migratorio debido al clima de seguridad y oportunidades de negocios.
Las reformas contemplan modificaciones a los artículos 49, 119, 164 y 279 de la legislación vigente, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en los procedimientos migratorios. Entre los cambios más relevantes se incluyen nuevos criterios sobre los plazos mínimos de permanencia de residentes temporales y las causales que podrían provocar la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización.
Durante el análisis del dictamen, los diputados escucharon los aportes técnicos de la gerente de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, Eleonora de Marroquín, quien explicó que la iniciativa responde a la transformación que ha experimentado la migración en los últimos años. Según indicó, algunos procedimientos actuales presentan vacíos legales que dificultan su aplicación debido a la falta de reglas claras.
Uno de los ajustes propuestos establece que los residentes temporales deberán permanecer en el país al menos 90 días al año, ya sea de forma consecutiva o acumulada. De no cumplir con este requisito, podrían perder su estatus migratorio, salvo en situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas ante las autoridades. Con esta modificación se busca adecuar la normativa al perfil de extranjeros que actualmente residen en el país, entre ellos inversionistas y empresarios que mantienen vínculos con El Salvador, aunque deban viajar con frecuencia por motivos de negocios.
La propuesta también plantea que los hijos menores de 18 años nacidos en el extranjero de padres que hayan adquirido la nacionalidad salvadoreña puedan ser reconocidos como salvadoreños mediante un proceso de naturalización solicitado por sus padres. Esta medida se sustenta en la Constitución de la República de El Salvador y en la Ley Crecer Juntos, con el fin de garantizar los derechos de la niñez y promover la igualdad dentro del núcleo familiar. Asimismo, se establecen con mayor claridad las causales para perder la nacionalidad por naturalización, como residir más de dos años en el país de origen o permanecer fuera de El Salvador por más de cinco años consecutivos sin autorización.
