Fiscal respalda ratificación de cadena perpetua para delitos graves en El Salvador

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa continuó con el análisis de la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución, la cual busca habilitar la cadena perpetua para personas condenadas por delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. Durante la tercera jornada de estudio, los diputados escucharon al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien expresó su respaldo a la iniciativa y expuso su valoración técnica sobre los cambios propuestos.

La reforma constitucional fue aprobada inicialmente el pasado 17 de marzo; sin embargo, el artículo 248 de la Constitución establece que para su entrada en vigor debe ser ratificada por las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa. La modificación también contempla ajustes en el Código Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, con el objetivo de armonizar la legislación con la nueva disposición.

Durante su intervención, Delgado explicó que la propuesta incluye un mecanismo de revisión de la pena perpetua mediante la incorporación del artículo 92-B al Código Penal. Este sistema permitiría evaluar periódicamente la condena para determinar, con base en estudios técnicos y criterios objetivos, si la persona privada de libertad ha dejado de representar un riesgo para la sociedad y puede aspirar a una eventual reinserción.

Según detalló el fiscal, la revisión obligatoria de la pena se realizaría en distintos plazos: a los 25 años cuando el delito haya sido cometido por menores de edad, a los 30 años cuando se trate de un solo delito, a los 35 años si una persona ha cometido varios delitos y a los 40 años cuando exista una agravante específica o un caso de extrema gravedad. Este mecanismo, indicó, responde al principio internacional de “esperanza de liberación”, que exige que incluso las penas más largas tengan posibilidad de revisión.

El fiscal también afirmó que la cadena perpetua no contradice los compromisos internacionales asumidos por el país, ya que los sistemas de derechos humanos permiten este tipo de condena siempre que exista un proceso real de revisión. Además, sostuvo que el contexto actual del país y las mejoras en el sistema penitenciario permiten aplicar esta medida como una herramienta jurídica para sancionar los delitos más graves y garantizar mayor seguridad a la población.