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Foto: Anadolu Ajansi
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que permitirá cancelar deudas de hasta 10 millones de rublos, equivalentes a unos 139 mil dólares, a ciudadanos que se incorporen al ejército para participar en la guerra en Ucrania. La medida forma parte de una nueva estrategia del Kremlin para incrementar el número de reclutas en medio del prolongado conflicto que Moscú continúa denominando “operación militar especial”.
Según el decreto publicado por el gobierno ruso, el beneficio aplicará a quienes hayan firmado contratos militares después del 1 de mayo de este año, incluyendo también a sus cónyuges. Las autoridades establecieron que los contratos deberán tener una duración mínima de un año y estar destinados específicamente a operaciones relacionadas con la ofensiva militar en territorio ucraniano.
Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha impulsado distintos incentivos económicos para atraer combatientes, ofreciendo salarios elevados y beneficios adicionales a quienes se enlistan. Analistas consideran que esta nueva medida refleja la necesidad de mantener el flujo de personal militar mientras el país continúa destinando gran parte de su economía al esfuerzo bélico y al sostenimiento de las operaciones en el frente.
Además del alivio financiero para los reclutas, Putin promulgó una nueva ley que le permite autorizar el uso de las fuerzas armadas rusas en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos sometidos a procesos judiciales fuera del país. La normativa contempla intervenciones en casos donde Moscú considere que existen arrestos o detenciones injustificadas contra sus ciudadanos sin respaldo de tratados internacionales o resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
El nuevo marco legal fue aprobado previamente por ambas cámaras del Parlamento ruso y entrará en vigor diez días después de su publicación oficial. Funcionarios rusos aseguraron que la legislación tiene un carácter preventivo y busca fortalecer la protección de ciudadanos rusos en el exterior, así como reforzar el prestigio internacional del país frente a conflictos diplomáticos y judiciales.
Entre los casos mencionados por legisladores rusos figura el del arqueólogo Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Ucrania por trabajos realizados en Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014 pero considerado por Kiev y gran parte de la comunidad internacional como territorio ucraniano ocupado. La situación ha sido utilizada por Moscú para justificar la necesidad de ampliar las facultades militares y diplomáticas del Kremlin en el extranjero.
