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Foto: Win McNamee/Getty Images
El gobierno del presidente Donald Trump ha reactivado una disputa frontal contra la política energética de California, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo crudo y revertir la transición del estado hacia las energías limpias. A través de la oferta de nuevos arrendamientos petroleros en aguas federales e impulsos a la infraestructura de combustibles fósiles, la administración federal busca desafiar las normativas locales que han frenado la perforación marina durante décadas, citando razones de seguridad energética y creación de empleo.
El núcleo de la tensión actual radica en la revisión federal iniciada por el Departamento de Comercio sobre el programa de gestión costera de California. Esta evaluación pone en la mira a la Comisión Costera de California, un organismo estatal independiente que desde 1972 posee la autoridad de revisar y vetar proyectos que afecten el litoral. Organizaciones ecologistas advierten que Washington podría intentar despojar a esta comisión de sus facultades regulatorias sobre proyectos de interés federal, sentando un precedente inédito a nivel nacional.
Entre las medidas más controversiales impulsadas por las autoridades federales destaca el respaldo a la reactivación de un antiguo sistema de oleoductos fuera de servicio desde el grave derrame de 2015 en Santa Bárbara, así como el avance hacia la autorización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking) en una plataforma ubicada a 14 kilómetros de las costas del condado de Ventura. A esto se suma el anuncio de planes para licitar áreas marinas tanto en California como en Florida
Por su parte, California ha consolidado en los últimos años un modelo centrado en recursos renovables como la energía solar y eólica, los cuales llegaron a representar cerca de la mitad de la electricidad consumida en el estado. Como respuesta a las presiones de Washington —que incluyen la recompra de arrendamientos eólicos marinos para desalentar su desarrollo—, el gobierno estatal ha presentado recursos legales contra la administración federal, defendiendo sus objetivos de reducción de emisiones y desincentivación de vehículos de gasolina.
La revisión del programa costero cobró impulso formal por parte del secretario de Comercio, Howard Lutnick
El conflicto abre un escenario legal e institucional complejo donde se debate el alcance de la autoridad federal frente a la soberanía ambiental de los estados. Mientras empresas del sector energético consideran recurrir a instancias superiores para concretar sus planes de expansión en la costa pacífica, diversos sectores en California reiteran que la preservación de los ecosistemas marinos y la economía costera debe primar sobre el retorno al consumo masivo de combustibles fósiles.
