
Aprueban amnistía fiscal para exonerar de multas e intereses el pago de impuestos municipales en El Salvador
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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un dictamen favorable para la creación de la Ley Especial Transitoria que otorga facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Sustantivas y Formales en Materia de Impuestos Municipales. Esta medida busca dispensar del cobro de multas e intereses moratorios a las personas naturales y jurídicas de los 44 municipios del país que mantienen saldo pendiente en sus tributos, facilitando la regularización de su situación fiscal sin la carga económica de los recargos acumulados.
Durante la sesión de trabajo legislativo, los parlamentarios recibieron a alcaldes de distintas localidades como San Salvador Centro, La Libertad Sur y Santa Ana Oeste para analizar los alcances del proyecto. El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, destacó que solo en su comuna existe una bolsa de recargos e intereses cercana a los $136 millones, de los cuales la exoneración permitiría perdonar más de $70 millones en moras y recuperar alrededor de $59 millones en impuestos netos adeudados.
El beneficio estará disponible principalmente para empresas y ciudadanos que requieran obtener su solvencia municipal para efectuar trámites comerciales, tales como la solicitud de créditos bancarios o la compraventa de bienes inmuebles. La normativa tendrá una vigencia de 120 días continuos a partir de su publicación en el Diario Oficial, tiempo durante el cual los contribuyentes podrán solicitar planes de pago fraccionados en plazos de 12, 18 o hasta 24 meses según sus capacidades financieras.
Sin embargo, el proyecto de ley establece excepciones claras: no podrán ampararse a esta amnistía aquellos contribuyentes que ya se encuentren bajo proceso de fiscalización o en cobro judicial con recursos activos, así como quienes mantengan procesos de depuración de saldos pendientes. Con esta medida, el primer órgano del Estado proyecta dinamizar la recaudación fiscal local para transformarla en obras públicas comunitarias, al tiempo que brinda seguridad jurídica a las empresas del país.


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