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Foto: Asamblea Legislativa
Con 57 votos a favor, los diputados aprobaron un conjunto de reformas a la Ley de Protección de Datos Personales orientadas a simplificar los trámites de la ciudadanía. Con estos cambios, las personas podrán presentar sus solicitudes relativas a los derechos ARCO-POL (acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación) directamente ante las empresas, instituciones u organizaciones que manejan su información privada, eliminando la rigidez del esquema previo sin vulnerar las garantías ya establecidas.
En el ámbito del sector público, se mantendrá la obligación de contar con un delegado de protección de datos, función que podrá recaer en el mismo Oficial de Información de cada entidad. Asimismo, aunque la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) continuará con la rectoría del sistema, las reformas incorporan el cargo de Director de Protección de Datos Personales, funcionario encargado de asistir a la dirección general y velar por la resolución de procedimientos administrativos sancionadores.
Las enmiendas también refuerzan la trazabilidad y respuesta en el manejo de la información compartida entre terceros. A partir de la entrada en vigor de la ley, las entidades deberán registrar formalmente los datos en proceso de corrección e informar de cualquier actualización, rectificación o eliminación a terceros receptores en un plazo máximo de cinco días hábiles. Este mismo plazo de cinco días se aplicará para procesar el retiro del consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos.
