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La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa aprobó tres dictámenes trascendentales orientados a reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Estas modificaciones tienen como objetivo central combatir la impunidad y reducir drásticamente los accidentes de tránsito provocados por la irresponsabilidad al volante, implementando medidas más estrictas en el control vehicular.
Entre las principales disposiciones destaca la modificación al Código Procesal Penal, la cual suprime el requisito de denuncia directa de la víctima para procesar las lesiones culposas ocasionadas por vehículos automotores. Asimismo, la Fiscalía General de la República adquiere facultades para iniciar las investigaciones de oficio, restringiendo los mecanismos de conciliación o mediación en casos de homicidios y lesiones culposas derivadas de la conducción temeraria.
Por su parte, las reformas al Codigo Penal establecen sanciones severas de hasta 15 años de prisión cuando las infracciones involucren unidades de transporte colectivo o de carga pesada. La normativa endurece el castigo no solo para el conductor infractor, sino también para aquellos propietarios o patronos que permitan la circulación de vehículos con capacidad mayor a ocho toneladas sin la documentación o la licencia reglamentaria.
En el ámbito preventivo, las adecuaciones a la Ley de Transporte Terrestre
Con estas medidas, las autoridades del gabinete de seguridad y transporte buscan enviar un mensaje categórico sobre la cero tolerancia a la negligencia vial. El objetivo final es resguardar la seguridad colectiva de los salvadoreños y transformar la cultura vial del país en una práctica fundamentada en la responsabilidad y el respeto absoluto a la vida.
