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El Congreso de Chile ha dado luz verde a una nueva ley destinada a agilizar la expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sudamericano. Esta medida legislativa, impulsada inicialmente durante el mandato anterior y retomada con fuerza por la administración del presidente José Antonio Kast, busca dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas más eficaces para frenar el flujo migratorio no regulado y reforzar el control fronterizo.
Entre los puntos más destacados de la nueva normativa se encuentra la facultad concedida a la policía para solicitar una autorización judicial que les permita ingresar a domicilios con el objetivo exclusivo de capturar a personas que cuenten con una orden de expulsión vigente. Asimismo, los organismos públicos estarán obligados a facilitar información relevante sobre indocumentados para optimizar los procesos de notificación y ejecución de salida del país.
La gestión migratoria ha sido uno de los ejes centrales de la agenda política actual, bajo la premisa de vincular el control de la irregularidad con la reducción de los índices de criminalidad en territorio chileno. Pese a las nuevas medidas adoptadas, las autoridades reconocen que los operativos enfrentan desafíos logísticos y diplomáticos complejos, particularmente en lo que respecta a la coordinación con naciones de origen para concretar las deportaciones masivas previstas.
Con este marco legal reforzado, el Ejecutivo chileno espera superar los obstáculos administrativos y diplomáticos que han ralentizado las deportaciones en los últimos meses. La expectativa del gobierno es acelerar de manera progresiva las salidas del país, marcando un hito en la política de control fronterizo y seguridad nacional implementada en la región.
