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Un tribunal de la capital impuso una condena de ocho años de prisión a Idalia Magdalena Quinteros de Cubías tras hallarla culpable del delito de apropiación indebida de vehículo automotor. Los hechos se remontan al periodo de la pandemia de COVID-19, momento en que la imputada acordó de forma verbal con un empresario de Soyapango el arrendamiento de ocho unidades del transporte público por un canon mensual de $200.00 por cada autobús.
Sin embargo, el compromiso financiero pactado en $1,600.00 mensuales se incumplió rápidamente. La procesada únicamente realizó un pago parcial de $1,500.00 durante el primer mes, acumulando una deuda de $1,700.00 al finalizar el segundo mes. Posterior a ello, engañó al afectado asegurando que gestionaría un préstamo bancario para saldar los montos pendientes, promesa que jamás concretó mientras retenía ilegítimamente la flotilla de autobuses.
Ante la negativa de devolver las unidades y la evasió de la justicia, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador emitió la condena penal e inició los trámites para la difusión roja internacional. Las autoridades judiciales han librado las órdenes correspondientes a fin de lograr su ubicación, detención provisional y posterior proceso de extradición.
