Ahora Noticias
Foto: FGR/Archivo
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca (2004-2009), recuperó su libertad tras completar la pena de diez años de cárcel impuesta por la justicia. Saca, detenido en octubre de 2016 y condenado en septiembre de 2018 por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, abandonó el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Las autoridades judiciales del país centroamericano emitieron la correspondiente orden de excarcelación con fecha efectiva a partir del 27 de octubre.
Ante la concreción de su salida, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado oficial confirmando que la liberación del exjefe de Estado no implica la devolución de su patrimonio embargado. La FGR precisó que una extensa lista de activos —que incluye 25 inmuebles de lujo, sociedades radiales, vehículos y diversos productos financieros valorados en más de $9,6 millones— continuará bajo administración y custodia del Estado a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El caso, bautizado judicialmente como «Destape a la Corrupción», reveló el desvío systematically coordinado de al menos $301 millones de fondos públicos procedentes de la partida secreta de la Casa Presidencial hacia cuentas bancarias particulares y empresas del mandatario. Durante el juicio oral, Saca y varios de sus más cercanos colaboradores —entre ellos su exsecretario privado Élmer Charlaix y el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank— se acogieron a un procedimiento abreviado tras confesar la autoría de los hechos a cambio de la reducción de la pena máxima.
Medios locales e investigaciones periodísticas de la región resaltan que la finalización de la condena penal no extingue sus millonarias obligaciones financieras. Además del decomiso preventivo de sus bienes, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena civil que exige al exmandatario restituir $260,7 millones por el desfalco al erario. Paralelamente, sobre Saca pesan otras condenas civiles pendientes, incluyendo $3,8 millones por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Ana Ligia de Saca y $6 millones por el manejo irregular de donaciones provenientes de Taiwán.
Con esta resolución, el primer presidente de la historia reciente salvadoreña en ser procesado y encarcelado por delitos de corrupción cometidos desde el Ejecutivo concluye su etapa en prisión. La Fiscalía General reafirmó su compromiso de dar seguimiento a los procesos de liquidación patrimonial e incautación que aún permanecen abiertos para garantizar que el Estado logre recuperar la mayor cantidad posible de los fondos sustraídos.
