Tras la muerte de 46 presos, la Policía Militar se hará cargo de la gestión de las prisiones

No será la primera vez que las Fuerzas Armadas hondureñas toman los penales, que algunos sectores denominan "universidades del crimen" y son muy peligrosos debido a que en muchos de ellos están al mando bandas criminales.

Los más de 1.000 presos que han sido asesinados en las últimas tres décadas sirven como ejemplo de la inseguridad, la violencia y el control que ejercen las bandas criminales en las cárceles hondureñas.

Las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, tienen la mayor cantidad de cárceles con delitos registrados, seguidas de los ranchos penales Comayagua y El Porvenir, donde murieron más de 600 presos entre 2003 y 2012.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este miércoles a las Fuerzas Armadas entregar el control de todos los penales del país a partir del 1 de julio a la Policía Militar de Orden Público tras la muerte de al menos 46 mujeres en Cefas.

La PMOP está obligada a “reclutar, capacitar y formar al menos 2.000 nuevos custodios de centros penitenciarios, de acuerdo con la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)” durante ese tiempo.

Las Islas del Cisne en el Caribe iban a ser utilizadas como granja penal para el traslado de los cabecillas de organizaciones criminales, consideradas de alta peligrosidad, que se encuentran detenidos en cárceles o que son identificados, capturados y procesados, según instrucciones de Castro a las Fuerzas Armadas.

Las autoridades responsabilizan a un enfrentamiento entre dos bandas criminales por la muerte de las 46 mujeres en Cefas, 23 de las cuales fueron asesinadas con armas blancas y las otras 23 murieron en un incendio.

Los múltiples delitos en Cefas fueron planeados "dentro y fuera" del penal, según Julissa Villanueva, la viceministra de seguridad que fue relevada el miércoles de sus funciones como titular de la Comisión de Inspección de Centros Penales de la presidenta de Honduras, que se estableció en abril.

Continuó diciendo que hay una red de tráfico y corrupción en los penales y que no ha recibido el apoyo que esperaba de una división de la Policía Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad.

Además, señaló que el apoyo que tuvo cuando quiso intervenir el penal de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, al oeste del país, conocido como El Pozo y de máxima seguridad, fue poco, casi nulo.

El Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público continuó este jueves con la identificación de las 20 restantes mientras las autoridades continuaban con la investigación de lo ocurrido en Cefas y los familiares de las 46 mujeres muertas exigían justicia y castigo para los perpetradores.