Empleados de la Corte de Cuentas de El Salvador capturados por presunta corrupción en auditorías municipales

De acuerdo con las investigaciones, se han identificado una serie de incumplimientos por parte de los empleados de la CCR. Entre ellos se encuentran la falta de auditoría en algunos rubros, la superación de hallazgos sin argumentos válidos, la conversión de observaciones en asuntos menores y la ampliación del plazo de las auditorías para subsanar los hallazgos.

Hasta el momento, se ha determinado que se realizaron 563 observaciones, pero solo se presentaron informes de 48 de ellas, las cuales pasaron a juicio de cuentas. Estos informes irregulares son el resultado de la presunta participación ilegal de los empleados de la CCR, incluyendo directores, jefes y auditores, quienes se prestaban para emitir dichos informes de manera ilegal, incumpliendo su deber de fiscalizar debidamente las finanzas públicas de las alcaldías.

                       Cortesía: FGR

Los capturados son: Ismael Pereira Vásquez, Director Regional de la CCR; los jefes de equipo Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco y Ramón Armando Alvarado; y los auditores Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina. Todos ellos enfrentarán cargos por presunta corrupción en relación con las auditorías municipales en el oriente del país.

Ante este suceso, La Corte de Cuentas de la República reafirma su independencia y objetividad ante detenciones de personal en San Miguel, emitiendo un comunicado en respuesta a las recientes detenciones de personal de la Institución destacado en la Regional de San Miguel.

En dicho comunicado, la Corte reafirma su carácter independiente y objetivo, así como su estricto apego a la normativa legal y técnica en su totalidad. Enfatizando la postura de la institución y dejando claro que los actos individuales del personal detenido no reflejan el pensamiento estratégico de la Entidad Fiscalizadora.

Asimismo, se recalca que cualquier acción que vulnere la ley en detrimento de la fiscalización por parte de los servidores públicos debe ser investigada y sancionada, reiterando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos.