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La Fiscalía estadounidense había dado un plazo al gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, para retirar las boyas debido a los riesgos ambientales y humanitarios que esta barrera representa para los migrantes. Al no cumplir con la orden, el Departamento de Justicia tomó acciones legales y presentó una demanda civil exigiendo la retirada de las boyas.
La instalación de esta barrera flotante sin la autorización del Gobierno de Joe Biden ha generado preocupaciones sobre la seguridad pública, la navegación y la política exterior de Estados Unidos, ya que también provocó una protesta diplomática por parte de México.
El gobernador Abbott había manifestado su negativa a retirar las boyas y había acusado al Gobierno de Biden de inacción ante la llegada de migrantes a la frontera sur del país. Esta barrera ha sido objeto de críticas por grupos proinmigrantes, ambientalistas y el propio Gobierno de México, que consideran que viola el Tratado de Aguas entre ambos países.
La Administración de Biden sostiene que los cruces fronterizos han disminuido a sus niveles más bajos en los últimos dos años, gracias a la aplicación de nuevas políticas de restricción en la frontera. Sin embargo, el tema sigue siendo objeto de controversia y confrontación entre los partidos políticos, con acusaciones de falta de soluciones y búsqueda de caos por parte de los republicanos. Abbott, conocido por su postura antiinmigración, ha tomado medidas enérgicas en este ámbito, como el envío de migrantes a estados gobernados por demócratas en el pasado.
