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La solicitud se basa en graves acusaciones de corrupción que involucran un monto significativo de fondos públicos.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunció en una conferencia de prensa la presentación de esta solicitud, respaldada por un exhaustivo análisis de la información recopilada por la Fiscalía General de la República. Delgado afirmó que tras un riguroso examen, se ha concluido que existen suficientes indicios que apuntan al presunto cometimiento de delitos graves, incluyendo lavado de dinero y activos, así como enriquecimiento ilícito.
Según los detalles proporcionados por el fiscal, la investigación abarca un periodo extenso, desde 2011 hasta 2022, durante el cual el diputado Alberto Romero habría obtenido ingresos no justificados que ascienden a la considerable suma de $1,162,388.05 dólares. Esta información proviene de un informe elaborado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y entregado a la FGR, el cual habría identificado un total de 19 presuntas irregularidades en el patrimonio del político.
El Fiscal General ha enfatizado en la importancia de salvaguardar los intereses del Estado y de la ciudadanía salvadoreña en general. Estas acciones son parte de su deber fundamental de combatir la corrupción en todas sus formas y de asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos.
La Asamblea Legislativa tendrá la responsabilidad de evaluar la solicitud presentada por la FGR y tomar una decisión sobre el futuro legal del diputado Alberto Armando Romero Rodríguez. El desafuero permitiría que se continúe con el proceso legal en su contra sin las protecciones del fuero parlamentario.
