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Esta legislación, que busca imponer un control más estricto sobre el uso del hijab o velo islámico por parte de las mujeres, endurece las sanciones para quienes no cumplan con el estricto código de vestimenta. Además, la ley pretende identificar y sancionar a quienes "promuevan la desnudez o la indecencia" o se burlen de las normas, ya sea en entornos virtuales o no virtuales.
El proyecto de ley fue aprobado con 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones en el Parlamento, apenas cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por no cumplir adecuadamente con las normas de vestimenta y falleció mientras estaba bajo custodia policial.
Este episodio trágico provocó una serie de protestas en todo el país en contra de las autoridades religiosas. La nueva ley otorga a tres agencias de inteligencia, el Ministerio de Inteligencia, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran) y la Organización de Inteligencia del Poder Judicial, así como a la policía y las fuerzas paramilitares Basij, la autoridad para "prohibir el mal y tomar medidas contra las mujeres" que incumplan las reglas de vestimenta.
Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han calificado esta ley como "equivalente al apartheid de género" y han expresado su preocupación de que busca someter a las mujeres a una "sumisión total". La aprobación de esta legislación ha generado un intenso debate sobre los derechos de las mujeres en Irán y las implicaciones que esto tiene para la sociedad y la igualdad de género en el país.
