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Fujimori hizo esta petición durante una transmisión en vivo en las redes sociales, afirmando enfáticamente que "la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta y sin fundamento alguno". Además, su abogado, Elio Riera, ha instado a su "inmediata excarcelación".
Fujimori actualmente está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, una sentencia que se le impuso en 2009. Sin embargo, en marzo de 2022, el Tribunal Constitucional falló a favor de su liberación al restituir un indulto otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Es importante destacar que, en abril del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una orden al Estado peruano, instándolo a abstenerse de implementar el fallo del Tribunal Constitucional. Este episodio ha generado un debate legal y público en Perú en torno a la situación legal de Fujimori y su posible liberación.
La petición de Fujimori y su abogado marca un nuevo capítulo en esta compleja saga legal, que ha sido objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, y que plantea interrogantes sobre la aplicación de la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente de Perú.
