Fiscalía ejecuta 35 órdenes de captura en La Paz por delitos diversos
La Fiscalía General de la República ejecutó 35 órdenes de captura en La Paz y otros departamentos por delitos como estafa y agrupaciones ilícitas
Cuatro exfuncionarios vinculados a los gobiernos del FMLN fueron condenados a tres años de prisión por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador.
Jurídico01/12/2023Ahora NoticiasVioleta Menjívar, Erlinda Hándal, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exfuncionarios, han sido condenados a tres años de prisión como resultado de un juicio abreviado en el cual admitieron su culpabilidad por delitos de corrupción.
Los delitos imputados incluyen enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En lugar de cumplir su condena tras las rejas, los acusados llevarán a cabo 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, según informó uno de los abogados de los implicados.
Mientras tanto, otros seis imputados, incluido el expresidente Salvador Sánchez Cerén, continuarán el proceso judicial hasta la etapa de sentencia. La condena de tres años se distribuye en un año por enriquecimiento ilícito y dos por lavado de dinero. La peculiaridad de la sentencia radica en que ninguno de los condenados ingresará a prisión, dejando en manos de un juez de vigilancia penitenciaria la determinación de las actividades de utilidad pública que deberán realizar.
Este fallo se inscribe dentro del marco del Caso Sobresueldos, en el que los acusados incluyen a figuras prominentes como Salvador Sánchez Cerén, expresidente de la República; Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; Violeta Menjívar, exviceministra de Salud; Erlinda Handal, exviceministra de Ciencia y Tecnología; Hugo Flores, exviceministro de Agricultura; y Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo.
En el grupo de los seis imputados que prosiguen con el proceso judicial, se destaca la presencia de Salvador Sánchez Cerén y Calixto Mejía, este último expresando su inconformidad por no haber recibido un trato similar al de los cuatro funcionarios beneficiados con un proceso abreviado. La decisión del juez de vigilancia penitenciaria será crucial para definir el tipo de trabajo comunitario que realizarán los condenados en lugar de cumplir la pena en prisión.
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