La empresa Argoz, SA. de C.V. se dedicaba a la comercialización de inmuebles en zonas rurales del país, presuntamente sin contar con los permisos necesarios para realizar las ventas.
Jurídico06/12/2023
Ahora Noticias
En una acción conjunta liderada por el Fiscal General, Rodolfo Delgado, y la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, se llevó a cabo un operativo de allanamiento en las instalaciones de la Corporación ARGOZ S.A. de C.V. Este movimiento surge como resultado de un informe de la Fiscalía General de la República (FGR).
La empresa en cuestión se dedicaba a la comercialización de inmuebles en zonas rurales del país, presuntamente sin contar con los permisos necesarios para actuar como propietarios, lotificadores o para la parcelación de terrenos.
Foto: FGR
Según las investigaciones en curso, ARGOZ ofrecía propiedades a precios accesibles, fluctuando entre $1,000 y $5,000 dólares, con opciones de pago facilitadas a las víctimas. El modus operandi implicaba la realización de contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades, a las cuales las víctimas abonaban cuotas de montos reducidos.
Una vez completados los pagos, los compradores enfrentaban dificultades al intentar registrar las propiedades en el Centro Nacional de Registros (CNR), ya que los terrenos no figuraban como propiedad de la Corporación ARGOZ.
En relación con este caso, las autoridades han detenido a Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez.
Se han identificado hasta el momento 116 lotificaciones afectadas por las presuntas irregularidades cometidas por ARGOZ S.A. de C.V. y otras entidades vinculadas a esta corporación, entre las que se incluyen Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V., Protege S.A. de C.V., Gómez Farfán S.A. de C.V., Nido de Águila S.A. de C.V., Katamarán S.A. de C.V. y Sociedad Fomento Inmobiliario S.A. de C.V.
El allanamiento en dicha empresa representa un avance crucial en la erradicación de prácticas ilegales en la venta de terrenos rurales. Con 116 lotificaciones afectadas, este caso destaca la necesidad urgente de salvaguardar la legalidad en transacciones inmobiliarias para proteger a los ciudadanos de posibles engaños.
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