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Esta noticia ha generado un respaldo significativo a la iniciativa de modernizar la exploración de hidrocarburos en el país.
La Comisión de Economía, conformada por legisladores, ha acordado reformar la Ley de Hidrocarburos para facultar a CEL a dirigir la actualización de datos geocientíficos relacionados con hidrocarburos. La reforma permitiría también la contratación de entidades de clase mundial para llevar a cabo la inversión científica necesaria.
Foto: DGEHMSV
Los cambios propuestos incluyen la modificación del nombre de la normativa a "Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos". Estos cambios buscan facilitar estudios geológicos y geofísicos cruciales para fomentar la inversión y expandir el conocimiento en materia de exploración hidrocarburífera.
Según Álvarez, CEL podría desempeñar un papel central en las actividades hidrocarburíferas mediante contratos y otras modalidades, con el objetivo de adquirir, procesar e interpretar datos geológicos, geofísicos y geoquímicos del subsuelo.
El presidente de la mesa legislativa, Rodrigo Ayala, sostiene que estos cambios brindarán beneficios fiscales a las empresas contratistas, incentivando la inversión y generando empleos en el sector energético.
Reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización Propuestas
En una medida relacionada, la Comisión de Economía también ha emitido un dictamen a favor de ampliar el plazo de las disposiciones transitorias contempladas en la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Estas disposiciones se refieren a los depósitos de perfeccionamiento de activos, áreas sujetas a un tratamiento aduanero especial.
La representante del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebrán, explicó que la propuesta busca apoyar a las empresas afectadas por la disminución de la demanda a nivel mundial, causada por la pandemia del COVID-19 y los conflictos en diversas regiones.
La ampliación propuesta permitiría un plazo adicional de hasta 12 meses para la permanencia y traslado de bienes, beneficiando la sostenibilidad de empleos, protegiendo las inversiones y brindando seguridad jurídica en el sector de zonas francas industriales y de comercialización.
