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Según el comunicado policial, la pareja realizaba "pseudo psicoterapias" en establecimientos sin habilitación sanitaria ni autorización administrativa, utilizando técnicas de manipulación coercitiva para influir en la voluntad de sus seguidores, en la que mantenía un discurso de odio hacia la homosexualidad, a la que tachaban de enfermedad, y para la que proponían terapias que consistían en mantener relaciones sexuales obligadas con la líder del grupo.
Las acusaciones incluyen delitos contra la salud pública, lesiones, contra la libertad sexual, derechos de los trabajadores, intrusismo profesional, coacciones, contra la integridad moral, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Los detenidos, valiéndose de la titulación en Psicología de uno de ellos, ponían en riesgo la salud física y psíquica de sus adeptos al convencerlos de abandonar tratamientos médicos convencionales, generando un fraude económico.
Durante las sesiones, facilitaban estupefacientes y psicoactivos para inducir estados específicos de consciencia. Además, promovían un discurso de odio hacia la homosexualidad, alegando que era una enfermedad reversible. La "curación" según ellos, implicaba la abstinencia y relaciones sexuales obligadas con la líder de la secta, respaldadas por el psicólogo del grupo.
Los detenidos llevaban más de dos décadas desarrollando estas prácticas y habían logrado reunir a más de 50 personas, a las que aislaban de su entorno social y profesional. Instaban a sus seguidores a someterse a un "control total", afectando decisiones fundamentales como lugar de residencia, estudios y matrimonio.
Tras las detenciones, se realizaron registros en el domicilio de la pareja en un municipio cacereño y en un local en Madrid donde se llevaban a cabo las terapias. La operación, dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y con la colaboración de la Unidad de Análisis de la Conducta, ha resultado en la incautación de más de 100,000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y material informático.
A pesar de las detenciones, la pareja ha quedado en libertad con cargos, bajo la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La investigación continúa con el análisis y recopilación de más información económica y patrimonial.
