Desmantelan estructura de estafa liderada por Gerardo Quijada Orellana

La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), ha realizado esta noche un operativo de allanamiento en diversas propiedades vinculadas a una red de estafa liderada por Gerardo Quijada Orellana, dueño de los talleres GQ Racing Sport.

Los allanamientos se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Santa Tecla, La Libertad y la colonia San Francisco, San Salvador, donde se presume operaba esta estructura delictiva, conformada por familiares de Quijada Orellana, abogados y representantes legales de varias sociedades ficticias.

“Los inmuebles allanados están ubicados en Santa Tecla, La Libertad y en la colonia San Francisco, San Salvador. Esta estructura estaba conformada por familiares de Quijada Orellana, abogados y representantes legales de las supuestas sociedades”, señaló la FGR en su cuenta de X.

Entre los involucrados en la red se encuentran José René Ventura Alvarado, Jorge Carlos Figeac Cisneros, César Roberto Trujillo Menéndez, Jennifer Marcela Quijada Suncín, Módica Elena Quijada Suncín, Jorge Alberto Cruz, Mirna Elena Suncín de Quijada y Milton Eduardo Chávez Chicas. A estos imputados se les atribuyen los delitos de estafa agravada, amenazas con agravación especial, cohecho y agrupaciones ilícitas.

Según las investigaciones, la estructura liderada por Quijada Orellana rentaba locales en zonas de alta plusvalía por períodos de 3 a 5 años, realizando pagos durante algunos meses antes de dejar de abonar. Al ser buscados por los dueños de los inmuebles, las sociedades involucradas desaparecían o cambiaban de nombre y representante legal. Las víctimas, al intentar recuperar sus pérdidas, se enfrentaban a procesos judiciales prolongados por los abogados contratados por la estructura, quienes dilataban los trámites judiciales para evitar los pagos.

Quijada Orellana, quien ya había sido procesado y condenado anteriormente por hechos similares, deberá cumplir más de 6 años de prisión. Además, se le ha impuesto la obligación de pagar $929,673.10 en concepto de responsabilidad civil a las víctimas afectadas por sus acciones.

La FGR continúa con las investigaciones y los procedimientos legales para llevar a todos los implicados ante la justicia.