
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
Jorge Franklin Ríos Rugamas, condenado a 7 años de prisión y multa de $291,367.21 por evasión fiscal y destrucción de documentos tributarios en 2019.
Jurídico25/10/2024La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informa que Jorge Franklin Ríos Rugamas, administrador único y propietario de una sociedad de servicios de seguridad, ha sido condenado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador a una pena de 7 años de prisión por el delito de evasión de impuestos. Además, deberá pagar una sanción económica de $291,367.21 por las obligaciones tributarias evadidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Durante la investigación, se demostró que Ríos Rugamas ocultó y destruyó documentos necesarios para la correcta determinación de sus obligaciones fiscales, impidiendo el control y verificación de su situación tributaria. Esta condena es el resultado de un esfuerzo constante por parte de la FGR para presentar evidencias contundentes en la lucha contra la evasión fiscal, protegiendo así el sistema tributario y el bienestar de los ciudadanos salvadoreños.
Además, Imposición de medidas contra Moisés Adonay Panameño Castro por favorecimiento a la evasión y agrupaciones Ilícitas.
En otro caso relevante, la FGR también informa sobre la Audiencia de Imposición de Medidas contra Moisés Adonay Panameño Castro, vinculado a la estructura criminal liderada por Gerardo Quijada, propietario de los talleres GQ. Panameño Castro está siendo procesado por los delitos de favorecimiento a la evasión y pertenencia a agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que proporcionó un vehículo a Quijada para facilitar su huida de la justicia.
La audiencia se llevó a cabo ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, en el marco del compromiso de la FGR por combatir el crimen organizado en todas sus formas.
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
Los implicados exigieron $30,000 a cambio de liberar a la víctima; recibirán penas de 45 y 30 años de prisión.
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