Endurecimiento de penas y reformas legales: nuevas medidas contra el delito en el país

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia ha aprobado un dictamen favorable para reformar el Código Penal, con el propósito de incrementar las penas de prisión para delitos como robo, hurto y estafa. Las penas podrían oscilar entre 2 y 30 años de cárcel dependiendo de la gravedad del delito. Estas reformas buscan no solo castigar, sino también prevenir el cometimiento de estos actos y reforzar la seguridad ciudadana. Los parlamentarios consideran que la normativa vigente está desactualizada y debe adaptarse a las necesidades actuales del país.

Entre los principales cambios propuestos, destacan las penas por hurto, que varían según el valor de lo sustraído y las circunstancias del delito. Si el hurto supera los $200 colones, la pena será de 6 a 8 años de prisión, mientras que los casos agravados, como el robo de infraestructura pública o la participación de funcionarios públicos, conllevarán penas de 10 a 15 años. En delitos de robo violento, las sanciones podrían alcanzar hasta 30 años, dependiendo de la modalidad del acto.

La estafa también se enfrenta a una mayor severidad. Los casos en los que el valor defraudado sea superior a 200 colones serán castigados con 5 a 8 años de prisión, aumentando a 8-15 años si el fraude afecta a múltiples personas, involucra funcionarios públicos o está vinculado a actividades terroristas. Otras reformas incluyen el incremento de las penas para homicidio simple, violencia y delitos contra menores, con el objetivo de garantizar mayor justicia y protección para las víctimas.

Además, la Comisión propuso modificaciones al Código Procesal Penal para evitar que los acusados evadan la justicia. Entre los cambios, se establece un límite máximo de detención provisional: 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para delitos graves, salvo excepciones por peritajes complejos o conflictos legales. También se implementarán medidas para evitar prácticas dilatorias y garantizar la proporcionalidad entre el tiempo de detención y la pena aplicable.

Finalmente, los parlamentarios acordaron reforzar la responsabilidad civil en los casos penales mediante una reforma al artículo 27 del Código Procesal Penal. Esta medida busca asegurar el resarcimiento a las víctimas en casos de administración fraudulenta, exigiendo pruebas documentales o auditorías que respalden las denuncias. Con estas enmiendas, el país da un paso firme hacia un sistema de justicia más robusto y equitativo.