
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República ha juramentado a los representantes legales de los acusados de enriquecimiento ilícito en dos casos relevantes.
Jurídico11/02/2025Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSAFAMILIA), y su esposa están siendo procesados por enriquecerse ilegalmente con $284,949.94 durante su tiempo en el cargo entre 2006 y 2010. Ambos se encuentran prófugos de la justicia. La Fiscalía detalló que la diligencia fue realizada ante la Cámara Ambiental Segunda Instancia de Santa Tecla, debido a la “falta de representación legal” de los acusados.
En otro caso, la Fiscalía juramentó a un experto contable para investigar a Roberto d'Aubuisson y su familia por un enriquecimiento ilícito de $992,699.52. La Fiscalía ha solicitado “61 puntos de pericia” con el fin de “determinar el origen del dinero y el incremento injustificado del patrimonio” de los acusados. Además, se solicitó que el exfuncionario devuelva el dinero al Estado y que sea “inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años”.
En cuanto a las irregularidades detectadas, la Fiscalía detalló que a Roberto d'Aubuisson se le señalan “26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito, por un monto de $450,851.01 dólares”. A su esposa, Jackeline Janet López de d'Aubuisson, se le procesa por “24 irregularidades, por un monto de $513,428.64 dólares”. También, a su hija, Johanna d'Aubuisson López, se le demanda por “8 inconsistencias y un total de $12,939.87”, mientras que su hijo, Roberto José d'Aubuisson López, no ha podido justificar “3 irregularidades por un monto de $15,480.00 dólares”.
La operación simultánea incluyó 45 allanamientos y reveló una estructura criminal que también albergaba y trasladaba personas de forma ilegal hacia Estados Unidos.
Los implicados exigieron $30,000 a cambio de liberar a la víctima; recibirán penas de 45 y 30 años de prisión.
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