Diputados buscan extender vigencia de ley para registro de víctimas de la masacre de El Mozote

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar y ampliar la vigencia de la Ley Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños. La modificación permitiría seguir incorporando al Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) a personas afectadas por las masacres ocurridas en El Mozote, Jocote Amarillo, Arambala y Cerro Pando, ubicados en Morazán. Los parlamentarios también avalaron incluir un nuevo artículo que autoriza la publicación de diligencias en el Diario Oficial.

El coordinador del RUV, Andrés Amador, explicó que la complejidad de los casos ha motivado la solicitud de prórroga por parte del Ministerio de Gobernación. Esta incluye dificultades relacionadas con la genealogía de las víctimas, el acceso geográfico a los sitios afectados y las particularidades culturales de la población. La ley original, vigente desde el 27 de julio de 2022, tenía una duración de tres años, por lo que la propuesta busca ampliar ese periodo a partir del 27 de julio de 2025.

Esta prórroga también tiene como propósito facilitar que las víctimas y sus familias puedan acceder a las indemnizaciones establecidas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las instituciones involucradas en este proceso se encuentran el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote.

La masacre de El Mozote, perpetrada entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 por el Batallón Atlácatl del ejército salvadoreño, dejó cientos de víctimas civiles en varios cantones y caseríos de Morazán. Los soldados ejecutaron sistemáticamente a los habitantes tras acusarlos de colaborar con la guerrilla. El registro de estas víctimas continúa siendo una tarea pendiente del Estado para garantizar memoria, justicia y reparación a los sobrevivientes y sus familias.