Nueva ley fortalecerá la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

La Asamblea Legislativa aprobó una normativa moderna para alinear al país con los estándares internacionales y prevenir delitos financieros.

Nacionales08/10/2025Ahora NoticiasAhora Noticias
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Con 57 votos a favor durante la sesión plenaria 78, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el objetivo de modernizar la legislación vigente desde 1999. La nueva normativa busca fortalecer el marco jurídico de El Salvador y cumplir con los compromisos internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Durante el proceso de discusión, el fiscal general Rodolfo Delgado señaló que la ley actual genera arbitrariedad y exclusión financiera, dejando a discreción de ciertos actores el acceso al sistema bancario. En ese sentido, el diputado Caleb Navarro explicó que la nueva ley permitirá prevenir, detectar, controlar e investigar los delitos financieros, reforzando la capacidad del Estado para enfrentar amenazas que afectan la economía y la seguridad nacional.

Por su parte, la diputada Alexia Rivas destacó que una legislación equilibrada debe perseguir a los verdaderos delincuentes financieros sin afectar a ciudadanos, emprendedores o migrantes que realizan actividades legítimas. La parlamentaria subrayó que el nuevo marco legal corrige vacíos que obstaculizaban la inclusión financiera y fomentará un sistema más justo y eficiente.

Entre las principales innovaciones se incluye la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción de estos delitos, encabezado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía. Asimismo, se instituye el Comité Interinstitucional (CIPLAFT), encargado de coordinar políticas y estrategias nacionales. La ley también redefine los “sujetos obligados” para concentrar la supervisión en sectores de alto riesgo, e impone sanciones más severas —incluyendo multas, inhabilitaciones y penas de prisión de hasta 15 años— contra quienes faciliten o encubran operaciones ilícitas.

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