Crece la incertidumbre por la desaparición de miles de perros antes de la prohibición de su consumo

A menos de dos años de que entre en vigor la prohibición de criar, sacrificar y comercializar perros para consumo humano en Corea del Sur, crece la preocupación entre organizaciones defensoras de los animales por el destino de los miles de canes que eran criados para esa industria. La legislación, aprobada en enero de 2024, será aplicada plenamente a partir de febrero de 2027 y contempla sanciones de hasta tres años de prisión para quienes incumplan la normativa.

Como parte del proceso de transición, el Gobierno surcoreano ofrece compensaciones económicas de hasta 600,000 wones (unos 390 dólares) por cada perro retirado de las granjas, siempre que los establecimientos cesen sus operaciones. Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 400,000 y 450,000 perros eran criados para consumo durante 2024; sin embargo, las autoridades estiman que actualmente quedan alrededor de 20,000 animales en esa actividad.

El rápido descenso en la cifra de perros ha despertado interrogantes sobre el paradero de la mayoría de ellos. Registros obtenidos por un legislador surcoreano indican que hasta febrero de este año únicamente 623 perros habían sido adoptados y menos de 500 trasladados a refugios. Ante estos datos, organizaciones de protección animal consideran probable que una gran parte de los animales haya sido sacrificada antes de la aplicación definitiva de la ley.

Representantes de la organización CARE aseguran que no hubo campañas masivas de rescate o adopción que expliquen la desaparición de los perros. Además, señalan que los animales criados para consumo suelen ser de gran tamaño, mientras que la mayoría de los hogares surcoreanos prefiere adoptar perros pequeños, lo que dificulta su reubicación. Excriadores también admiten que muchos de estos animales podrían haber sido destinados al consumo antes del cierre de las granjas.

Hasta finales de mayo, el Ministerio de Agricultura informó que el 82 % de las granjas dedicadas a esta actividad ya había anunciado su cierre. Mientras algunos productores califican la prohibición como una medida que afecta su sustento económico, organizaciones animalistas consideran que la nueva legislación pone fin a una industria que durante décadas operó sin una regulación específica sobre el bienestar y el sacrificio de los perros, prácticas que, según denuncian, incluían métodos considerados crueles por los defensores de los animales.