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Durante décadas, los propietarios de autobuses y minibuses se han visto obligados a pagar a las pandillas entre 12 y 34 millones de dólares al año en cuotas de extorsión; además, los operadores tienen que dar a las pandillas enormes "bonos de Navidad" al final de cada año.
La negativa del empresario a realizar pagos millonarios a los pandilleros lleva al asesinato del chofer, el cajero, el juez de línea y el empresario. También provocó que los dispositivos se quemaran e incluso causó efectos secundarios, puso en riesgo a miles de usuarios e incluso se convirtió en víctima indirecta de ataques de bandas armadas. En general, frente a las condiciones actuales, el transportista cree que el cambio es notorio, pues en materia de extorsión aseguran que se eliminó el 95%; entre otras cosas, afirman que no han recibido demandas de pandilleros para pagar este año, como en años anteriores.
