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La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor, la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de Disolución y Liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE). Esta medida busca eliminar la duplicidad de funciones institucionales y hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, disponiendo que el proceso de cierre y liquidación de ambas entidades finalice a más tardar el 31 de diciembre del presente año.
A partir de esta reestructuración, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública asumirá las atribuciones que le correspondían a la UTE, incluyendo la gestión y administración del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Con el fin de asegurar la continuidad de este programa de atención, la cartera ministerial reasignará e incorporará en su presupuesto anual los fondos necesarios para su sostenimiento, logrando optimizar el costo de operación que anteriormente representaba la entidad independiente.
En relación con el personal institucional, la normativa contempla que los empleados indispensables para la operatividad del programa de protección serán trasladados a la planilla del ministerio. Por su parte, el personal que no sea reubicado recibirá una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año trabajado o fracción mayor a seis meses, con techos fijados entre 12 y 24 sueldos según el nivel de ingresos nominales, desembolsos que se harán efectivos durante el primer trimestre de 2027.
Para llevar a cabo la fase de transición, la Dirección General de la UTE mantendrá la representación legal temporal para solventar los compromisos administrativos pendientes. Asimismo, se conformará un Comité de Liquidación encargado del levantamiento de inventarios, la organización de los archivos institucionales, la liquidación de bienes y la transferencia formal de obligaciones y contratos bajo el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
