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Esta preocupación surge en medio de la prórroga de 45 días del estado de excepción en el país, impuesto para hacer frente a la extorsión y el crimen organizado.
El estado de excepción, que permite a la policía militar colaborar con la policía nacional en labores de seguridad pública, restringe varias libertades fundamentales, como la libertad personal, la libertad de asociación, reunión y circulación, y autoriza detenciones y registros sin orden judicial. Desde diciembre de 2022, este estado de excepción se encuentra en vigencia en 17 de los 18 departamentos de Honduras.
Diversos sectores han expresado su preocupación respecto a la prolongación del estado de excepción y la creciente militarización de la seguridad en el país. Según ellos, los estados de excepción deberían ser una medida excepcional, limitada en el tiempo y restringida a lo estrictamente necesario, en lugar de ser utilizada de forma permanente.
La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha enfatizado la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales de la población y ha instado al Gobierno de Honduras a garantizar que las medidas de seguridad adoptadas respeten los estándares internacionales de derechos humanos.
La prolongación del estado de excepción y el aumento de la militarización en Honduras continuarán siendo objeto de atención y seguimiento tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños.
