Ley Crecer Juntos protege la primera infancia, niñez y adolescencia salvadoreña

El dictamen favorable fue emitido por la comisión de familia luego de incorporar al articulado las observaciones hechas durante la amplia discusión en la que tuvieron participación funcionarios del Gobierno, jueces, representantes de ONG y de organismos internacionales. 

Previo a la aprobación de la legislación, la comisión de familia sostuvo ayer una última reunión de trabajo para hacer mejoras en la redacción de algunos artículos. 

Los diputados de la mesa legislativa también aprovecharon la sesión para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos, a fin de que los plazos que rigen en los procedimientos administrativos públicos no sean los mismos cuando se tenga que proteger y tutelar derechos de los menores. 

Tras la votación, Francesca de Apostolo, asesora jurídica del despacho de la primera dama, expresó que con la nueva normativa se garantizará "el desarrollo integral de los niños y adolescentes desde la primera infancia", pues no habrá más inseguridad ni pandillas.  

En la ley Crecer Juntos se define por primera vez qué es la primera infancia y establece garantías para su desarrollo integral, así como los beneficiarios, que son las personas desde el instante de la concepción hasta cumplir 18 años.

También desarrolla derechos de crecimiento y desarrollo integral, como el derecho a la vida, la protección al nacer, a una vida digna, a la salud, a la lactancia materna, derecho a un ambiente sano y a la identidad. Asimismo, el derecho a la identificación, a crecer y convivir en familia, a la educación, a la integridad personal, al buen trato, entre otros.  

La nueva legislación toma como punto de vital importancia el enfoque de discapacidad, inclusión y derechos humanos en todo su contenido, y obliga al Estado a invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia.  

Asimismo, deroga de forma inmediata la ley de salas cunas y crea los centros de atención a primera infancia (CAPI), que serán los espacios de estimulación y educación inicial para la niñez desde los primeros meses hasta un día antes de cumplir los cuatro años.

Las instituciones públicas y privadas con más de 100 empleados deberán instalar CAPI, así como los 262 gobiernos municipales, teniendo para ello un plazo de seis a 18 meses. La ley Crecer Juntos le da vida al Sistema Nacional de Protección de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, fortaleciendo así el Sistema Nacional de Protección para una mejor y mayor claridad en sus fines. 

Además, crea todo un modelo de gestión que facilita la articulación del Gobierno con las municipalidades y define el planteamiento claro para el diseño de políticas públicas, programas y medidas bajo el enfoque de la protección integral. Bajo la nueva normativa también se crea la institucionalidad especializada en primera infancia, así como un ente rector del sistema para tal fin, y se establecen los procedimientos de juntas de protección y procesos de la administración de justicia, definiendo con claridad las atribuciones de las juntas de protección y juzgados especializados para una protección efectiva de la niñez y la adolescencia salvadoreña.

La ley entrará en vigor el 1.º de enero de 2023, pero no la derogación de la ley de salas cuna, que comenzará a tener efecto ocho días después de la publicación de la nueva normativa en el Diario Oficial.