La Corte de Constitucionalidad de Guatemala Retira la Inmunidad a Cuatro Magistrados Electorales

Estos magistrados enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta compra fraudulenta de un programa informático utilizado para transmitir los resultados de las elecciones celebradas en junio del pasado año.

La Corte rechazó una solicitud de amparo presentada por ciudadanos que cuestionaron la votación en el Congreso, argumentando "falta de legitimación activa" al no estar directamente afectados por el caso. El Congreso aprobó con 108 votos a favor la retirada de la inmunidad a los mencionados magistrados, tomando esta medida después de que una comisión legislativa recomendara la acción por posibles irregularidades en la compra del programa informático.

La Fiscalía sostiene que la adquisición del programa tuvo un costo de 148 millones de quetzales (aproximadamente 17,9 millones de euros), a pesar de existir otra oferta menor que habría ahorrado 34 millones de quetzales (unos 4,1 millones de euros).

Tensiones y Liberación de la Ex Fiscal Anticorrupción Virginia Laparra

Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE datan de un intento por parte del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, de cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones. Este conflicto se ha sumado a la controversia generada por la liberación de la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien estuvo encarcelada desde 2022 por un supuesto delito administrativo.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de Laparra, argumentando que ya ha cumplido casi la mitad de su condena por abuso de autoridad, por el cual fue sentenciada en 2022 a cuatro años de prisión conmutables a cambio de una multa. Laparra deberá recuperar su libertad en un plazo de cinco días, según la resolución judicial.

Laparra ha sido considerada por expertos y analistas como una "presa política", detenida en represalia por su labor como fiscal anticorrupción. La liberación de Laparra se une a la detención del periodista José Rubén Zamora, también encarcelado desde 2022 después de criticar al Gobierno de Alejandro Giammattei.

Amnistía Internacional ha instado en varias ocasiones a la liberación de Laparra, denunciando graves anomalías en los procesos en su contra. Desde 2019, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces y fiscales, han salido al exilio en Guatemala, denunciando persecución política por parte del Ministerio Público, señalado de intentar revertir los resultados electorales de este año.

La situación judicial en Guatemala continúa siendo objeto de atención internacional, destacando la necesidad de salvaguardar la independencia del sistema judicial y respetar los derechos fundamentales en un contexto de tensiones políticas y acusaciones de persecución selectiva.