Más de 260 empresas son investigadas por incremento de precios

Más de 260 empresas dedicadas a la importación y exportación de productos alimenticios, así como tiendas mayoristas, están siendo investigadas por la Defensoría del Consumidor por posibles aumentos irrazonables de precios. La defensoría señaló que los casos en los que se necesita información para verificar que un aumento tiene algún tipo de justificación. El Tribunal de Sanciones del Defensor del Pueblo tiene 45 casos de aumento irrazonable. Las sanciones impuestas a las empresas por aumentos irrazonables de precios o acaparamiento pueden ser de hasta 500 veces el salario mínimo.

Nacionales15/08/2022Ahora NoticiasAhora Noticias
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Foto: Diario El Mundo.

“Estamos atentos a que la población ponga cualquier tipo de aviso a través de nuestro contacto directo 910 o el WhatsApp 7844-1482”, dijo Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. El presidente de la interventora se sumó este domingo a revisar los precios de varios productos de consumo diario salvadoreños en el mercado central de San Salvador. La Oficina de Protección al Consumidor ha realizado más de 102,500 inspecciones a nivel nacional, 67,000 en el sector de alimentos.

“Seguiremos manteniendo estos esfuerzos, promover la estabilidad de precios y sobre todo evitar abusos relacionados al incremento injustificado de precios, la especulación o el acaparamiento. Las verificaciones se han hecho a importadores, fabricantes, comercializadores, distribuidores y puntos de venta final que existen a nivel nacional", señaló Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.

Según el representante de esta organización, el país mantiene una canasta básica de bienes con los precios más bajos de la región en comparación con otros países que han superado los $300 o $350 dólares de los productos antes mencionados. Recordó que han pasado cinco meses desde que se implementaron 11 medidas de ayuda económica impulsadas por el gobierno. En lo que va del año, la Defensoría del Consumidor ha atendido a más de 62,400 consumidores y recuperado $7.2 millones en respuesta a denuncias de violaciones a los derechos de los consumidores salvadoreños en sectores relacionados con servicios financieros, bienes raíces y turismo.

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