La sociedad costarricense confronta el impacto de la participación juvenil en actos criminales mientras se discuten las implicaciones legales del caso.
Internacionales20/03/2024
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En un acto inusual y desgarrador, una madre de la localidad de Turrialba, en Costa Rica, entregó a su propio hijo de tan solo 13 años a las autoridades locales. Este gesto desgarrador se produjo después de que el joven fuera señalado como uno de los principales sospechosos en el caso de un adolescente encontrado muerto, con una mano mutilada y envuelto en una bolsa.
Según testimonios recabados en la zona indígena Alto Papuara, testigos presenciales habrían observado al joven de 13 años atacando a otro de 14 con un cuchillo, en medio de una disputa cuyos detalles aún no han sido completamente revelados. El cuerpo de la víctima fue hallado posteriormente en un barranco, a una profundidad de 30 metros, con signos de violencia evidentes, según informó Erick Calderón, miembro de la Fuerza Pública de Costa Rica.
El caso ha generado un profundo impacto en la sociedad costarricense, donde Alexis Retana, ex fiscal y abogado, expresó su preocupación por la creciente participación de jóvenes en actos delictivos violentos. Esta tendencia, según Retana, refleja un entorno marcado por la violencia y el abuso, aunque se reconoce que existen factores socioeconómicos y de falta de oportunidades que contribuyen a esta problemática.
El aumento de la participación de niños y jóvenes en actos violentos ha generado debates sobre las implicaciones legales y sociales de estos sucesos. Mientras tanto, la Ley Penal Juvenil de Costa Rica establece que los menores de 12 años son inimputables, pero aquellos entre 12 y 15 años pueden enfrentar penas de hasta 10 años por homicidio, mientras que para los adolescentes de 15 a 18 años, la pena máxima puede alcanzar los 15 años de cárcel, según lo estipulado en la Ley Civil Juvenil.
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