El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en medio de una tormenta de controversias después de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times revelara que pasó dos noches dentro de la embajada húngara en Brasilia. Este suceso ocurrió poco después de que la justicia brasileña confiscara su pasaporte en el contexto de una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Sin embargo, el equipo legal de Bolsonaro sostiene que fue una visita amistosa y no un intento de buscar asilo político.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la embajada húngara confirmaron la presencia del exmandatario del 12 al 14 de febrero, días posteriores a la confiscación de su pasaporte por parte de la justicia brasileña. Este hecho se produjo poco después de que la Policía Federal lanzara una operación contra Bolsonaro y sus colaboradores más cercanos, acusándolos de conspirar para derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro enfrenta cargos por intento de golpe, con testimonios de altos mandos de la Policía y el Ejército que refuerzan la hipótesis de su participación en un complot para anular los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Luiz Inácio Lula da Silva. Se sugiere que el exmandatario podría buscar resguardo en una embajada extranjera si es encontrado culpable.

El abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, defendió la estadía del exmandatario en la embajada húngara como una visita para "mantener contactos con funcionarios de un país amigo" y obtener "información actualizada sobre el panorama político de ambas naciones". Sin embargo, algunos señalan que su relación cercana con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, podría haber sido una motivación adicional para la visita.

La Cancillería brasileña convocó al embajador húngaro en Brasilia para exigir explicaciones sobre la presencia de Bolsonaro en la embajada. Mientras tanto, Bolsonaro enfrenta múltiples problemas legales, incluida una inhabilitación política hasta 2030 por esparcir desinformación electoral y acusaciones de falsificar sus certificados de vacunación contra COVID-19, lo que podría resultar en cargos penales según la legislación brasileña.