Reformas de ley elevarían penas de cárcel para delitos de robo y estafa

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La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia ha iniciado el análisis de una propuesta integral destinada a modificar el Código Penal, con el objetivo de incrementar significativamente las penas de prisión para diversos delitos relacionados con el patrimonio. Entre las reformas propuestas se encuentran las dirigidas a los delitos de robo, estafa, hurto, uso ilícito de vehículos automotores y conducción de mercancías de dudosa procedencia.

Durante las sesiones de trabajo, los legisladores recibieron al Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, quien respaldó las reformas argumentando que fortalecerán la protección del derecho a la propiedad de los salvadoreños. Delgado enfatizó que estas medidas buscan prevenir una escalada de delitos patrimoniales, en línea con los éxitos obtenidos por iniciativas previas como el Plan Control Territorial, que ha contribuido a la reducción de homicidios en el país.

Una de las principales modificaciones contempladas es el aumento sustancial de las penas para quienes cometan robos agravados, que podrían enfrentar condenas de 20 a 30 años si se involucra a funcionarios públicos. Además, se propone elevar las sanciones para los casos de estafa, especialmente aquellos perpetrados mediante el uso indebido de tarjetas de crédito o débito, con penas de hasta 15 años de prisión en casos graves.

Las reformas también abordan el tema de la detención provisional, proponiendo ampliar los plazos máximos para evitar la impunidad en delitos graves. Esta medida busca asegurar que los acusados enfrenten adecuadamente el proceso judicial sin que se vean beneficiados por la dilación de las investigaciones.

Además, se contempla la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación en delitos como la administración fraudulenta, donde se propone que las víctimas presenten una auditoría contable inicial para respaldar la denuncia ante la Fiscalía General. Esta medida busca optimizar los recursos y evitar la sobrecarga del sistema judicial con casos que podrían resolverse en instancias civiles o mercantiles.

Se espera que las propuestas sean debatidas y, de ser aprobadas, implementadas para mejorar la seguridad jurídica y la paz social en el país.