Nuevas reformas al Código Procesal Penal buscan combatir delitos patrimoniales sin aterar tiempos procesales

El Gobierno salvadoreño está impulsando reformas al Código Procesal Penal (CPP) y al Código Penal con el objetivo de frenar los delitos patrimoniales y garantizar una mayor protección de los bienes de los ciudadanos. Estas modificaciones se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio para fortalecer la seguridad y justicia en el país, enfocándose especialmente en delitos como el hurto, el robo y el fraude, que históricamente han sido menos sancionados.

Durante las discusiones sobre estas reformas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó que las modificaciones no alterarán los plazos establecidos para las fases procesales de juicio. En lugar de eso, se centran en ajustar los plazos para la detención provisional, una medida que, según Villatoro, busca evitar que los abogados defensores utilicen estos períodos para dilatar los procesos y eludir la justicia. Actualmente, el tiempo de detención para delitos menores está limitado a un año, mientras que para los delitos graves no puede exceder los dos años.

Villatoro explicó que la propuesta de reforma establece que la detención provisional para delitos leves no podrá superar la mitad de la pena máxima estipulada, mientras que para delitos graves, el tiempo de detención se ajustará a cinco años si la pena máxima es de diez años. Este cambio busca asegurar que los procesados por delitos graves no puedan evadir la justicia debido a los tiempos de detención actuales, que en ocasiones han permitido la liberación de delincuentes antes de que se complete el proceso judicial.

Finalmente, el ministro enfatizó que estas reformas no son un capricho político, sino una respuesta basada en un análisis técnico para mejorar el sistema judicial. Las modificaciones están diseñadas para asegurar que el sistema penal salvadoreño sea más efectivo en la protección de la vida, la libertad sexual y el patrimonio de los ciudadanos, fortaleciendo así el compromiso del país con la justicia y la seguridad pública.