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El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó ayer en Ulán Bator, Mongolia, en su primera visita a un país signatario del Estatuto de Roma desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto en su contra. Las imágenes de la televisión rusa mostraron a Putin descendiendo de su avión, en medio de una creciente presión internacional para que el país anfitrión cumpla con sus obligaciones legales y detenga al mandatario.
La CPI, junto con las autoridades ucranianas y varias organizaciones no gubernamentales, ha instado a Mongolia a proceder con la detención de Putin, quien enfrenta cargos por la supuesta deportación de niños ucranianos desde los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Fadi el Abdalá, portavoz de la CPI, destacó que Mongolia, como signatario del Estatuto de Roma, tiene la obligación de cooperar con el tribunal internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Mongolia, Altantuya Batdorj, han reiterado que el país debe actuar para hacer justicia.
A pesar de estas presiones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, minimizó las preocupaciones sobre una posible detención, afirmando que todos los aspectos de la visita de Putin fueron "cuidadosamente preparados". Peskov también señaló que la posibilidad de arresto no le causaba ninguna "preocupación". La CPI, por su parte, tiene la opción de elevar el caso a la Asamblea de los Estados miembros en caso de incumplimiento, aunque las sanciones a menudo se limitan a una reprimenda formal.
Mongolia ratificó su adhesión al Estatuto de Roma en 2002, comprometiéndose a cooperar con la CPI. Sin embargo, el país se enfrenta a un dilema complicado, ya que el historial muestra que otros individuos con órdenes de arresto de la CPI, como el exdictador sudanés Omar al Bashir, han visitado estados miembros sin ser detenidos. La comunidad internacional observa de cerca la respuesta de Mongolia a esta delicada situación.
