Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el caso que ha sido calificado como el “juicio del siglo” en Colombia. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, también impuso una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) e inhabilitó a Uribe para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.

La magistrada ordenó que el cumplimiento de la condena se realice desde su residencia en el municipio de Rionegro, Antioquia. “Proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos”, detalla el documento judicial. La lectura oficial de la sentencia, de más de 1.100 páginas, está prevista para las 14:00 hora local, pero ya se anticipó su contenido, que ha generado una gran repercusión a nivel nacional.

La jueza estableció como delito base el soborno en actuación penal, con una pena de 91 meses, aumentada a 120 meses al demostrarse el involucramiento de al menos tres testigos sobornados: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. A esta se le sumaron otros 24 meses por el delito de fraude procesal, alcanzando así los 144 meses (12 años) de prisión. “Se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal (...) y sobre la misma le aumentamos en dos años en virtud del delito de fraude procesal”, precisa la sentencia.

Durante la audiencia, la jueza sostuvo que las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron “lo suficientemente sólidas” para declarar culpable al exmandatario. Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, el fallo representa un precedente sin precedentes en la historia política de Colombia. La defensa de Uribe ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras sectores del país se mantienen atentos a las implicaciones jurídicas y políticas que tendrá esta sentencia.