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Corea del Sur ha anunciado un plan histórico para aprobar por primera vez el uso de píldoras abortivas, fijando como meta el primer trimestre de 2027 para permitir la interrupción médica del embarazo hasta las nueve semanas de gestación. Esta medida busca regularizar una situación marcada por el vacío legal y permitir la importación del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, estándar utilizado ampliamente en el ámbito internacional.
La decisión gubernamental pretende integrar el aborto con medicamentos dentro del sistema sanitario público para ofrecer mayores garantías médicas y reducir los riesgos asociados a canales de distribución no autorizados. Durante los dos primeros años de implementación, los fármacos serán recetados y administrados de manera directa por profesionales médicos para monitorear su uso adecuado y controlar eventuales complicaciones de salud.
Esta iniciativa marca un paso clave tras el fallo del Tribunal Constitucional en 2019 que ordenó flexibilizar la prohibición del aborto, despenalizándolo posteriormente. Sin embargo, ante la falta de reformas legislativas en el Parlamento debido a discrepancias políticas, muchas mujeres continuaban enfrentando confusión en el ámbito sanitario y barreras para acceder a alternativas farmacológicas seguras.
El anuncio ha provocado diversas reacciones en la sociedad surcoreana: mientras organizaciones de derechos de las mujeres valoraron el avance y solicitaron cobertura económica estatal, colectivos religiosos y asociaciones médicas manifestaron sus reservas. Estas últimas han instado a aprobar marcos legales complementarios que protejan legalmente a los médicos y aseguren la atención ante cualquier tipo de complicación.
