Ahora Noticias
El gobierno de México, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha una normativa para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de primaria y secundaria durante toda la jornada escolar. Esta iniciativa busca combatir el déficit de atención, el estrés y la ansiedad generados por las plataformas digitales, alineándose con medidas similares adoptadas en más de un centenar de países alrededor del mundo y respaldadas por especialistas en neurodesarrollo.
Sin embargo, la medida ha encontrado una fuerte resistencia en las regiones más violentas del país, donde la delincuencia organizada mantiene en constante vulnerabilidad a la población infantil y juvenil. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), uno de cada diez menores de 17 años ha sido víctima de delitos relacionados con la criminalidad en lo que va del año.
Un claro ejemplo de esta tensión social se vivió recientemente en Sinaloa, donde un autobús escolar fue baleado en plena vía pública. A raíz de incidentes como este, asociaciones de padres de familia argumentan que despojar a los estudiantes de un medio de comunicación digital atenta contra su derecho a la seguridad y deja a las familias en una situación de indefensión total ante situaciones de riesgo imprevistas.
Por su parte, el decreto oficial contempla excepciones limitadas para emergencias personales, necesidades de salud o con fines estrictamente pedagógicos bajo la supervisión docente. No obstante, las autoridades federales enfrentan el reto de conciliar las políticas de bienestar digital con la urgente demanda de tranquilidad y protección que exigen las comunidades afectadas por la violencia armada.
Mientras las posturas continúan divididas entre la protección de la salud mental y la necesidad imperativa de comunicación ante emergencias, el debate refleja la compleja realidad que enfrentan las instituciones educativas mexicanas. El éxito o fracaso de la normativa dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar entornos seguros tanto dentro como fuera de los planteles escolares.
