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Sin embargo, esta acción ha generado inquietud y críticas, ya que algunos expertos la consideran "suicida" y temen sus consecuencias en la población.
El corralito financiero, en vigor desde el pasado 3 de agosto y que se implementará gradualmente durante seis meses, requiere que ciudadanos y empresas realicen la mayoría de sus transacciones por medios electrónicos en lugar de en efectivo cuando las sumas superan los 5,000 pesos cubanos (CUP), alrededor de 208 dólares a la tasa oficial. La medida afectará a comercios estatales y privados por igual, quienes deberán contar con medios de pago electrónicos.
Los críticos sostienen que esta medida, aunque promovida como una forma de "bancarizar" la economía, en realidad perjudicará al sector privado y a los más vulnerables. Pequeñas empresas se verán forzadas a depositar todos sus ingresos en cuentas bancarias, lo que podría obstaculizar la adquisición de divisas extranjeras necesarias para importar bienes esenciales. Analistas advierten que esto podría agravar la escasez y los precios ya altos de los productos.
Mientras el Gobierno argumenta que busca controlar la inflación y modernizar las transacciones, los críticos ven en esta medida un "instrumento de represión" que podría beneficiar a las altas jerarquías del régimen. La falta de infraestructura bancaria y digital preparada para este cambio, sumado a fallos frecuentes en las aplicaciones de transferencia de dinero y problemas de conexión, plantea desafíos adicionales en la implementación de esta política.
La crisis económica en Cuba persiste con una devaluación del peso, inflación creciente y escasez de bienes básicos. La comunidad internacional observa con preocupación las implicaciones del corralito financiero en un país ya enfrentando graves dificultades.
