Juez de Texas Evalúa Disputa por Barrera de Boyas en el Río Bravo

La medida, impulsada por el gobernador ultraconservador de Texas, Greg Abbott, ha desatado un conflicto entre el gobierno federal, liderado por el presidente Joe Biden, y el gobierno estatal.

El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, dirigió la audiencia en la que se analizó la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobierno de Texas. La demanda alega que la instalación de la barrera de boyas en el río, que se extiende por unos 300 metros, viola la ley al no contar con un permiso del Ejecutivo federal para interferir en un río considerado "navegable".

La barrera flotante ha sido motivo de protestas y tensiones, y ha avivado el debate sobre la migración y la seguridad fronteriza. Los activistas se manifestaron fuera del tribunal en rechazo a las medidas estatales que buscan dificultar el cruce de migrantes.

El conflicto radica en la interpretación de su propósito: el gobierno federal argumenta que obstaculiza la navegación y el tránsito fluvial, mientras que el gobierno estatal sostiene que es necesaria para frenar el flujo irregular de migrantes y drogas a través de la frontera.

La Administración de Biden ha expresado preocupación por la barrera y ha instado a su retiro, mientras que el gobierno de Texas la defiende como parte de su estrategia de control fronterizo. Según el estado, la barrera ha "eliminado" los cruces irregulares de migrantes en esa área del río.

Sin embargo, algunos expertos y críticos cuestionan su eficacia y argumentan que la barrera ha llevado a los migrantes a encontrar formas alternativas y más peligrosas de cruzar el río. Esta situación ya tuvo consecuencias trágicas, con el descubrimiento de los cadáveres de dos migrantes cerca de las boyas.

La instalación de las boyas, como parte de la "Operación Estrella Solitaria", ha sido calificada por algunos analistas como un movimiento político con miras a las elecciones de 2024, destinado a movilizar a la base republicana extrema y mostrar la oposición del gobierno estatal a las políticas migratorias de Biden.

El veredicto del juez David Ezra en este caso crucial podría tener implicaciones significativas en la relación entre los gobiernos federal y estatal, así como en el debate sobre la seguridad fronteriza y la migración en Estados Unidos.