En un revés para el expresidente colombiano Álvaro Uribe, el viernes pasado, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de la Fiscalía de archivar la investigación en su contra por presunto soborno.
Internacionales10/10/2023
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Este caso, uno de los más prominentes y politizados de los últimos años en Colombia, continúa generando atención y controversia en el país. El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para seguir adelante con las pesquisas contra uno de los políticos más influyentes del siglo en Colombia, acusándolo de soborno y fraude procesal.
El juez encargado del caso, Carlos Andrés Guzmán, afirmó durante una audiencia pública en Bogotá que, dadas las evidencias reunidas por la Fiscalía hasta el momento, era inviable acceder a la solicitud de archivar el proceso. Este es el tercer intento de la Fiscalía de archivar la investigación contra el expresidente, que se ha convertido en un proceso complejo y lleno de idas y vueltas desde su inicio en 2012.
La decisión del tribunal implica que la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para presentar la acusación formal contra Álvaro Uribe o buscar nuevamente el archivo del caso. Si llega a juicio, podría marcar la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente se enfrenta a cargos penales que conllevan penas de hasta ocho años de prisión. Uribe, quien siempre ha sostenido su inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular debido a su política de mano dura contra las guerrillas, manifestó su preocupación por la decisión del tribunal en una declaración a los medios.
Este caso tiene sus raíces en una denuncia presentada por Uribe en 2012 contra el congresista izquierdista Iván Cepeda, a quien acusó de conspirar con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, la Corte Suprema no solo exoneró a Cepeda, sino que también comenzó a investigar a Uribe en 2018, sospechando que había manipulado a testigos para desacreditar a Cepeda. Esta investigación condujo al arresto domiciliario de Uribe en agosto de 2020.
Posteriormente, Uribe renunció al Senado y el caso se trasladó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión en su contra. Además del caso de manipulación de testigos, existen otras investigaciones que vinculan a Uribe con paramilitares y narcotraficantes en Colombia.
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