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El ataque, en el que dos ciudadanos suecos perdieron la vida y otro resultó herido, ha sacudido la confianza en el sistema de seguridad belga.
La dimisión de Van Quickenborne fue motivada por la revelación de que Túnez, país de origen del atacante Abdesalem Lassoued, había solicitado su extradición en agosto de 2022, pero la solicitud no fue tramitada. El ministro asumió la responsabilidad política por esta omisión que tuvo consecuencias trágicas y declaró: "Este es un error imperdonable".
El caso de Lassoued, quien había llegado a Europa en 2011 y tenía un historial de solicitud de asilo rechazado, había sido advertido por las autoridades italianas a las belgas en 2016 debido a su perfil radicalizado. Este incidente ha generado un escándalo en el gobierno de Alexander De Croo, que se enfrenta a elecciones en junio de 2024 y ha pedido a la Unión Europea mejorar los mecanismos de expulsión de inmigrantes irregulares.
Esta situación se suma a una serie de errores y deficiencias en la lucha contra el terrorismo en Bélgica, incluyendo un caso en 2022 en el que un agente de policía fue apuñalado por un individuo que había anunciado su intención de atacar a policías.
Van Quickenborne, cuya posición ya era delicada debido a un escándalo anterior conocido como "pipigate", ha enfrentado una creciente presión y ha optado por renunciar a su cargo como ministro de Justicia en medio de críticas por su liderazgo en materia de seguridad.
