En la reciente Sesión Plenaria número 132, la Asamblea Legislativa aprobó por amplia mayoría (66 votos a favor) la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).
Nacionales15/11/2023
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Esta nueva entidad tendrá la responsabilidad de preparar el talento humano para diversos sectores productivos e instituciones públicas, además de fomentar el empleo y certificar en idiomas a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. La aprobación de esta ley marca un hito en la reestructuración del sistema de formación profesional en el país.
El INCAF reemplazará al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), desempeñando un papel clave en la provisión de recursos humanos tanto para el sector privado como para la industria manufacturera.
La diputada Marcela Pineda resaltó que esta legislación actúa como un vínculo laboral esencial para conectar la oferta y la demanda de empleo en el país. Subrayó que la ley establece una alineación laboral efectiva entre la empresa privada y las instituciones gubernamentales, proporcionando las herramientas necesarias para facilitar la conexión de los salvadoreños con oportunidades de empleo. La parlamentaria enfatizó que este constituye el primer paso hacia una serie de reformas que serán fundamentales para continuar edificando el país que todos merecemos.
El diputado Soriano resaltó aspectos cruciales del destino de los recursos del INCAF. El 20 % se destinará a mejorar las capacidades laborales de la población económicamente activa, el 40 % estará dirigido a personas vulnerables, y el restante 40 % se invertirá en reducir la brecha digital. Los fondos para el INCAF provendrán de un aporte del 1 % de los salarios pagados por empresas privadas e instituciones autónomas con más de 10 empleados, así como de subsidios, transferencias de bienes y asignaciones presupuestarias del Gobierno. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno en fortalecer la formación profesional y abordar desafíos sociales y tecnológicos.
La diputada Elisa Rosales enfatizó que la nueva ley establece un marco jurídico que fortalecerá la colaboración entre instituciones públicas, creando oportunidades de formación dirigidas especialmente a la juventud.
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