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La decisión se basa en la apelación presentada por Fujimori, de 85 años, quien argumenta su precario estado de salud como motivo para ser excarcelado.
Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, actualmente cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La sentencia, impuesta en abril de 2009, incluye cargos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. El expresidente cumple su condena en una cárcel ubicada en una base policial en el este de Lima.
La posible liberación de Fujimori se fundamenta en la remisión del Tribunal Constitucional al juzgado que originó un 'habeas corpus' presentado por el exmandatario. Este habeas corpus busca restablecer el indulto otorgado a Fujimori en 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue anulado por el Supremo peruano.
En la apelación, Fujimori solicita que, dadas su edad y su estado de salud, le permitan cumplir la condena en su domicilio. El documento destaca el deterioro de su condición desde la anulación del indulto y menciona un episodio de infarto en 2021, que lo dejó dependiente de una bomba de oxígeno gran parte del día. Además de su condena actual, Fujimori enfrenta otro proceso penal relacionado con esterilizaciones forzosas realizadas durante su gobierno, junto a varios de sus exministros de Salud, afectando a miles de mujeres y hombres de comunidades indígenas. La posible liberación de Fujimori plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la justicia y las consideraciones de salud en el ámbito legal peruano.
